Artículo 335 - Código Procesal Penal

Artículo 336. Otras medidas. Además de las medidas de protección establecidas en los artículos precedentes, para salvaguardar la integridad de las víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes en el proceso penal, podrán aplicarse las siguientes: 1. Entrega de celulares o teléfonos móviles. 2. Refuerzo de seguridad en los domicilios, en muros, puertas, ventanas y demás. 3. Protección policial permanente o mientras se mantengan las circunstancias de peligro. 4. Reubicación o cambio de lugar de residencia, ya sea temporal o permanente. 5. Entrega de alarmas personales. 6. Cambio del número telefónico de la persona protegida. 7. Cambio de lugar de trabajo o centros de estudio. 8. Reubicación del colaborador o testigo recluido en ambientes carcelarios que garanticen su seguridad e integridad física. 9. Cualquiera otra que determinen las leyes. Estas medidas no requieren autorización judicial.

Artículo 337. Medidas de protección ambiental y urbanística. En los procesos por delitos contra el ambiente o contra la normativa urbanística, el Juez de Garantías o el Tribunal de Juicio, de oficio o a petición de parte, para restaurar o evitar la continuidad de los efectos de riesgo o de daño causado podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: 1. La suspensión o modificación de las construcciones, obras o actividades que hayan dado lugar al daño ambiental investigado. 2. La reinserción inmediata de los elementos naturales, ejemplares o especies de la vida silvestre al hábitat del que fueron sustraídos.

Artículo 338. Medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual. En los procesos por delitos de propiedad intelectual, el Juez de Garantías o el Tribunal de Juicio autorizarán, a petición de parte o del agente del Ministerio Público, para evitar la prolongación de la infracción penal y de los perjuicios, las siguientes medidas: 1. Suspender la importación o exportación de objetos o medios materiales del delito. 2. Suspender la clave o el permiso de operación otorgado por las autoridades administrativas correspondientes. 3. Cualquiera otra medida necesaria atendiendo la naturaleza de la conducta investigada.