Artículo 24 - QUE ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES Y REFORMA EL CODIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL FEMICIDIO Y SANCIONAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Artículo 25. El Ministerio de Desarrollo Social tendrá las siguientes obligaciones: 1. Ejecutar e impulsar en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y todas las instituciones del Estado la promoción y aplicación de políticas públicas destinadas al desarrollo social, cultural, político y económico de las mujeres, en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia. 2. Transversalizar en los programas de combate a la pobreza y de protección social componentes socioeducativos, de promoción y defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género para impactar en la vida de las mujeres y sus familias y la sociedad, priorizando a las mujeres en situación de vulnerabilidad. 3. Garantizar los recursos al Instituto Nacional de la Mujer para la creación y funcionamiento integral de albergues y/o centros de acogida por provincia para mujeres víctimas de violencia. Esta atención debe estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral. 4. Establecer en coordinación con el Ministerio de Gobierno las recomendaciones y observaciones sobre los contenidos y programas transmitidos en los medios de comunicación social para prevenir la utilización de la mujer como objeto sexual, el lenguaje sexista y cualquier otro contenido que estimule formas de violencia contra las mujeres.

Artículo 26. El Instituto Nacional de la Mujer, en adición a las establecidas en la ley que lo crea, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Impulsar, orientar, coordinar, ejecutar e instrumentar las políticas y programas establecidos en la presente Ley y en otras que sean de su competencia para ser implementados en los diferentes Órganos del Estado a nivel nacional, en las distintas instituciones municipales, en el ámbito universitario, sindical, empresarial y religioso, en las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y en otras de la sociedad civil con experiencia en la materia. 2. Coordinar con los Órganos del Estado, los municipios y las autoridades tradicionales el diseño de los planes de capacitación para sus funcionarios o colaboradores, así como con las demás entidades que intervengan en la prevención de los hechos que establece esta Ley. 3. Asesorar sobre el alcance e impacto de la violencia en la vida de las mujeres, la familia, la comunidad y la sociedad, en coordinación con las autoridades competentes, la Red de Mecanismos Gubernamentales de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y las redes locales de prevención de la violencia contra la mujer y de convivencia ciudadana. 4. Establecer los lineamientos de los programas, proyectos y acciones con la participación de las instancias especializadas y las redes locales de prevención de la violencia contra la mujer y de convivencia ciudadana con la asesoría del Consejo Nacional de la Mujer. 5. Velar que en todas las instituciones se dé el establecimiento, actualización periódica, mantenimiento, ampliación, mejoramiento y sostenibilidad técnica de los sistemas de registro de los casos, denuncias, sanciones y atenciones vinculados a la violencia contra la mujer desagregados por sexo, procedencia, etnicidad, edad y otras variables que permitan contar con datos oficiales, que serán reportados tanto al Instituto Nacional de Estadística y Censo como al Instituto Nacional de la Mujer. 6. Facilitar el reporte de hechos de violencia contra las mujeres, a través del uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación para obtener información, asesoramiento y seguimiento en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen. 7. Actuar como ente consultivo especializado en los procesos judiciales por violencia contra las mujeres a requerimiento de las autoridades competentes.

Artículo 27. El Ministerio de Salud desarrollará las siguientes acciones con la finalidad de sensibilizar, prevenir y atender la violencia contra las mujeres: 1. Brindar, en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer, formación y sensibilización obligatoria, continua y permanente a todo el personal de salud sobre el problema de la violencia contra las mujeres. 2. Diseñar protocolos específicos interdisciplinarios, en coordinación con el CONVIMU, y coordinar la elaboración del formulario único que deberá ser utilizado por todas las instancias en la ruta crítica, para evitar la revictimización. 3. Detectar precozmente y atender todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud mental, especificando el procedimiento que se va a seguir para la atención de las mujeres víctimas de violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. Dicho procedimiento debe asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios. 4. Brindar, a través de la aplicación de protocolos interinstitucionales, tratamiento multidisciplinario de atención a las mujeres víctimas de violencia, asegurando la asistencia especializada para los hijos, hijas y círculo familiar cercano, sean testigos o no de la violencia, y en la reeducación de agresores. 5. Sistematizar estadísticas institucionales de las unidades de prestación de servicios de salud públicas y privadas sobre los formularios de sospecha y otros instrumentos de recolección de datos de violencia contra la mujer a fin de garantizar que sean remitidos a las autoridades competentes y al Instituto Nacional de Estadística y Censo. 6. Definir la violencia contra la mujer como un problema de salud pública e incorporarlo a los planes nacionales y prioritarios de acción del sector salud, asignando los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su adecuado abordaje. 7. En el caso de objeción de conciencia, garantizar la presencia de profesionales en las instituciones de salud pública de lugares apartados, que puedan interrumpir un embarazo cuando sea necesario y cuando la mujer tenga derecho a que se le practique en los casos permitidos por ley, con su consentimiento. 8. Promover el respeto a las decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos previstos en la ley. 9. Dar atención prioritaria a las mujeres víctimas de violencia. 10. Promover el deber de denunciar que tiene el personal de salud, explorando los riesgos que enfrenta la afectada, de guardar confidencialidad, de asegurarse del llenado correcto de los formularios de sospecha y de garantizar el respeto y cuidado de la dignidad de las mujeres víctimas de violencia. 11. Definir acciones y asignar recursos para iniciar inmediatamente el tratamiento retroviral contra el VIH/SIDA a todas las víctimas de violación sexual que llegan a los centros de atención médica y para poner a su disposición anticoncepción de emergencia, con el consentimiento informado de la víctima.