Artículo 21 - QUE ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES Y REFORMA EL CODIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL FEMICIDIO Y SANCIONAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Artículo 22. Las medidas de sensibilización y prevención establecidas en la presente Ley tienen carácter vinculante para todos los órganos de Administración Pública, de justicia y de las autoridades tradicionales, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Para tal fin, el Estado desarrollará políticas públicas tendientes a: 1. Sensibilizar, formar y capacitar a las personas que se dediquen a la sensibilización, prevención y atención de víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como a las que presten atención a los agresores. 2. Apoyar y orientar a las mujeres, las familias y/o entornos en situación de riesgo de violencia previstos en esta Ley. 3. Asesorar a los medios de comunicación social para un adecuado enfoque de la temática y la difusión de los derechos de las mujeres. 4. Desarrollar campañas socioeducativas para la prevención de la violencia, el conocimiento de las prestaciones, servicios, derechos de las víctimas y respeto a los valores en todas las instancias de socialización. 5. Promocionar y facilitar información a la ciudadanía, organizaciones comunitarias y redes locales para hacer efectiva una vida libre de violencia. 6. Monitorear y evaluar la efectividad y cumplimiento de las funciones asignadas por esta Ley a cada institución. Las entidades estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, reglamentarán las normas legales y tomarán las medidas presupuestarias y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con la presente Ley y las demás leyes y tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos. Esta disposición se debe cumplir dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 23. Las instituciones coordinarán entre ellas, según su competencia en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen en los Capítulos IV y V de esta Ley, en adición a las previstas en otras leyes.

Artículo 24. Los municipios y las autoridades comarcales tendrán las siguientes atribuciones, acordes con los mandatos de los convenios internacionales, en adición a las que les atribuye la ley: 1. Incluir el tema de violencia contra las mujeres y formación en las convenciones internacionales de protección de los derechos de las mujeres que son ley de la República, en los programas de capacitación y desarrollo municipal y comarcal. Estos temas deben ser incluidos en la formación continua y permanente del personal que labora en las corregidurías, de las autoridades tradicionales y las personas que atienden víctimas, con una periodicidad no menor de un año, así como en los programas de difusión e información que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, garantizar el respeto a la dignidad de las mujeres y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello, se validarán en los distintos idiomas indígenas nacionales y sistemas de comunicación los módulos a utilizarse con el CONVIMU. 2. Gestionar y apoyar la creación de programas educativos sobre la igualdad y equidad entre los sexos dirigidos a autoridades locales, comarcales y comunidades. 3. Gestionar y apoyar la creación de centros de acogida seguros para las víctimas. 4. Celebrar acuerdos de cooperación, coordinación y concertación en el tema con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros. 5. Impulsar la creación de redes locales contra la violencia doméstica, sexual y otros tipos de violencia contra la mujer dirigidas a la prevención y protección de mujeres víctimas de violencia, en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer. 6. Gestionar y crear grupos comunitarios de autoayuda para mujeres víctimas, apoyados y acompañados por personas de organizaciones no gubernamentales e instituciones que trabajen en el tema, como espacios no jerárquicos y confidenciales de apoyo, intercambio, reflexión e información. 7. Impulsar programas de capacitación para líderes de la comunidad sobre derechos humanos de las mujeres, sensibilización y capacitación en temas de masculinidad y violencia contra las mujeres, así como la legislación existente, sus responsabilidades, recursos y servicios disponibles, entre ellas las obligaciones del Ministerio Público y el Órgano Judicial, con elementos básicos de atención y apoyo para las víctimas. 8. Informar que toda persona puede acudir a denunciar cualquier acto de violencia contra la mujer, inclusive si es menor de edad, aunque la víctima no sea un familiar o conocido. 9. Establecer como requisito para la asignación de corregidores y personal que atienda o entreviste a víctimas o denunciantes que se presenten ante las corregidurías y otras autoridades comarcales no tener antecedente de violencia contra las mujeres. 10. Aplicar las medidas de protección cuando estén habilitados para ello, a fin garantizar la protección de las víctimas. Todas las autoridades de policía deben consultar el registro de agresores al recibir una denuncia para verificar si la persona denunciada es reincidente.